PRI: ¿operación cicatriz?

Como se podía ir avizorando, el contundente avance priista en las elecciones del pasado 5 de junio, empieza a provocar discrepancias en el partido triunfador, tanto a nivel nacional como en el caso de Puebla.
Primero a nivel nacional. La intención de la dirigente priista Beatriz Paredes Rangel, de convertirse en la coordinadora de la poderosa bancada tricolor en la Cámara de Diputados sin dejar su posición directiva del priismo nacional, pronto encontró una férrea oposición de parte de varios líderes y personajes destacados de ese partido, quienes de inmediato convocaron a una encerrona tricolor para exigirle a la veterana política tlaxcalteca, que mejor se definiera: o era la coordinadora de los diputados priistas, o se quedaba en la dirección nacional de su partido.
Evidentemente las dos responsabilidades, sería demasiado poder concentrado en una sola persona, advirtieron sus opositores tricolores.
Paredes Rangel mantiene hasta esta fecha su indefinición ante esta encrucijada colocada por sus compañeros de partido y es la hora que no se pronuncia, esperando, tal vez, a que pasados los meses pueda quedarse no con las dos funciones, pero sí dejar a un personaje de sus confianzas sobre quien pueda influir, en algunos de los dos cargos.
Esto le daría una posición de privilegio para poder aspirar a convertirse en la primera mujer candidata del ex partidazo, enfrentándose con más fortaleza al nada más, pero nada menos que hasta hoy adelantadísimo aspirante priista, el aún gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.
Dicen los mal pensados que en Beatriz Paredes, existe la posibilidad de se pueda convertir en una especie de clon –seis años después- de Elba Esther Gordillo y llegar a ser interlocutora única y privilegiada de la relación PRI-Congreso con su amigo el presidente Felipe Calderón, como en su momento lo fue la líder moral del magisterio en su relación con el ex presidente Vicente Fox. Y con ello acumular un capital político y de negociación que le daría muchos puntos en la puja por la candidatura presidencial en el tricolor.
En Puebla, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de exigir que se cumpla con lo establecido en las leyes federales y se realicen las elecciones del 2010 (donde se verá quién será el próximo gobernador, presidentes municipales y diputados del congreso local) no en el mes de noviembre, sino cuatro meses antes -en el mes de julio- ha puesto al priismo local en un ritmo de toma de decisiones que ha alborotado a los suspirantes del tricolor poblano.
En una inusual y extraña jugada política, el gobernador Mario Marín Torres en la semana que concluye, convocó a sendas comilonas a algunos personajes destacados e influyentes de la escena mediática poblana, para externarles su satisfacción por los excelentes resultados del pasado 5 de julio.
También y aprovechando el viaje, externó no sin ciertas florituras verbales y giros humorísticos, su clara afiliación hacia ciertos personajes de su administración -alumnos políticos suyos y quienes hoy detentan importantes y destacadísimos cargos públicos-, su clara preferencia por que sean los dos aspirantes suyos a ser candidatos a la gubernatura por el PRI en Puebla. Se trata de Javier López Zavala –a la sazón, secretario de Desarrollo Social- y Alejandro Armenta Mier, dirigente estatal del triunfante tricolor.
Además reconociendo que él –Mario Marín- a diferencia de sus predecesores cercanos, Manuel Bartlett y Melquíades Morales, sí podrá tener mano en el momento de elegir al candidato priista a sucederlo en el cargo. Es decir dando por hecho que él y nadie más será el “gran elector” para el año entrante.
Esto ha provocado irritación especialmente en tres personajes destacados del tricolor poblano: el ex edil Enrique Doger, el ex secretario de Salud y hermano del ex gobernador Melquíades, Jesús Morales Flores y del legislador federal Alberto Amador Leal, quienes con diferentes tonos y argumentos han censurado este virtual destape priista a la vieja usanza y el que de golpe y porrazo haya descartado las aspiraciones legítimas de ellos y otros suspirantes del tricolor.
El ex rector de la BUAP, Enrique Doger Guerrero, ha sido más drástico en sus comentarios y de plano ha declarado una virtual “guerra mediática” para exigir un proceso “democrático” y claro de elección interna en el PRI y pide enfáticamente que los aludidos por el mandatario poblano, renuncien ya para garantizar equidad en la contienda interna del tricolor.
Estas dos estampas de la política nacional y poblana, retratan de manera clara que -como se ha dicho en este espacio en las últimas entregas-, la gran victoria priista del pasado 5 de julio no garantiza que el tricolor las tenga todas consigo ni para el 2010 poblano, ni para el 2012 nacional.

¿Y después de la elección, qué?

Hoy se conocerá como quedará conformada la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y como se repartirán el pastel legislativo los ochos partidos nacionales.
Sabremos si el presidente Felipe Calderón podrá contar con un Poder Legislativo que le facilite la gobernabilidad o que se la complique.
Podremos avizorar el margen de maniobra de los partidos y sus posicionamientos ante el electorado con miras a la sucesión presidencial, tema que de seguro empezará a acaparar la agenda mediática el año entrante.
Y más allá de los sonados casos como la tragedia de la guardería de Hermosillo, de las presuntas negociaciones entre candidatos y narcos en Nuevo León, del predecible retorno de otra ola contagiosa de influenza tipo AH1N1, de la imparable racha de enfrentamientos entre las bandas del crimen organizado, temas que ya de suyo serían de quitar el sueño a todos los habitantes de nuestro país, hay una problemática estructural que atraviesa de una u otra manera estos y otros problemas más.
Y estos temas fundamentales apenas se mencionaron superficialmente en la campaña electoral que hoy concluye.
Uno de ellos es la previsible crisis de liquidez que enfrentarán los gobiernos federal, estatales y municipales, el año entrante. Todo esto consecuencia lógica de un año crítico para la economía nacional como ha sido el 2009.
Porque hoy estamos viviendo de la planeación y la recaudación del 2008, pero el 2010 se tendrá que enfrentar en base a lo sucedido en la economía de este pésimo año.
¿Cómo enfrentarán nuestros próximos diputados que hoy vamos a elegir, este reto al que tendrán que enfrentar al fin de año cuando se vote la ley de ingresos y egresos?
No lo sabemos. Es un enigma.
Sólo hay una cierta coincidencia en que ninguno de los partidos con grupos parlamentarios importantes van a asumir la responsabilidad política e histórica, de buscar una solución a fondo y de largo plazo, como sería una propuesta bien pensada para gravar medicamentos y alimentos con el IVA, buscar eliminar exenciones y en general, aligerar la pesada, compleja miscelánea fiscal que hoy agobia a la planta productiva y que sólo beneficia a la economía informal.
Ante esta negativa a hacer una reforma fiscal de largo plazo, sólo quedan dos opciones: el endeudamiento o la reducción drástica del gasto público. Cualquiera de las dos tendrá un alto costo.
El endeudamiento tiene la “ventaja” de que será un problema que no se verá en sus saldos muy negativos sino hasta mediano plazo y tendrá que solucionarse en el próximo sexenio.
La reducción del gasto público implicará reducción de nóminas y gastos operativos, que repercutirá en mayor o menor medida lo mismo a la alta burocracia que al personal de base y afectará temas tan sensibles como la seguridad pública, la salud, la educación y mucho del gasto de infraestructura.
Otro tema es la cada vez más grave problemática de las adicciones y asociado a esto, el tema de la lucha contra la violencia criminal (que se extiende cada vez más de manera indiscriminada por el territorio mexicano), que aunque sin duda si ocupó gran parte de la contienda electoral que hoy culmina, aún no se le ve fin ni mejora.
El PAN y el gobierno de Calderón, sólo han atinado a apostar por la persecución policiaca y la utilización creciente del ejército en este combate. Solución que para el caso del combate a las bandas criminales es sin duda necesaria, pero para el caso del problema de salud, es absolutamente insuficiente y errado.
El Poder legislativo ha dado tímidos pasos para buscar nuevos paradigmas y nuevas estrategias en la lucha contra este problema de salud. El Partido Social Demócrata ha sido el único que se ha aventurado -con mala fortuna por lo que dicen las encuestas-, a proponer la despenalización del consumo como un paso audaz hacia la racionalización de una lucha que hasta ahora y según las frías cifras, el estado va perdiendo ante la creciente ola de adicciones, principalmente entre jóvenes.
Estos son solo dos de los pendientes nacionales en los que al parecer después de las elecciones, quedaremos igual que como estábamos antes de ellas.