José Luis Benítez Armas
Retomemos el caso de la ciudadana francesa, Florence Cassez, juzgada y sentenciada a 60 años de cárcel por el delito de secuestro contra cuatro personas, que en el contexto de la vista del presidente francés Nicolás Sarkozy, ha sido un tema que gravitó durante la visita del mandatario francés y que fue retomado por muchos medios de comunicación, analistas y columnistas en medios.
La ciudadana francesa fue juzgada en base a las pruebas presentadas por las autoridades mexicanas y la defensa legal de la propia señora Cassez. Obviamente se incluyó en este juicio el bochornoso montaje que las autoridades de la AFI (la Agencia Federal de Investigaciones encabezada en ese entonces por Genaro García Luna, hoy titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal) hicieron para un noticiero de televisión, específicamente de Televisa.
Sin embargo con todo y eso, la señora Cassez fue condenada a 96 años de prisión por la justicia mexicana y luego reducida a 60 años. Es decir, la justicia mexicana la encontró responsable de participar con su pareja, en secuestros y vejaciones a por lo menos cuatro personas.
No puede ser calificada de “presunta”, ya que su caso fue juzgado y establecida la condena por un juez.
El tema del montaje mediático realizado por las autoridades de la AFI en colusión con periodistas televisivos, para darle “espectacularidad” a la detención es un tema distinto,
que debe analizarse a conciencia por las propias autoridades, pero sobre todo debería ser motivo de un análisis auto crítico de parte de la propia empresa de televisión que se prestó a ello.
Porque todo mundo se refiera al montaje responsabilizando a las autoridades policiacas por este acto tan deleznable como fue el detener en una carretera 24 horas antes a la pareja de acusados, para presentarlos al día siguiente como detenidos en un espectacular operativo en su rancho.
Todo esto fue actuado y armado con el fin de hacer lucir a la AFI y a su director, Genaro García Luna.
Pero ¿y la empresa Televisa y sus empleados que se prestaron para esta patraña? ¿Ellos como siempre, no son responsable de nada? ¿Se ha escuchado de parte de los directivos de ese medio alguna disculpa, algún mea culpa hacia su auditorio? ¿La salida del señor Amador Narcia de la vicepresidencia de noticias de Televisa, mereció alguna explicación?
Simplemente nada. Como si todo esto no hubiera pasado. Los medios de comunicación no son responsables de nada. Ni un pequeño gesto de autocrítica, ninguna mención al bochornoso hecho.
Y de los analistas de los medios que hoy retoman el tema, tampoco nadie se pregunta o cuestiona el hecho de que una empresa de información con la penetración, la importancia y el poder de Televisa, se haya prestado a semejante hecho, carente de todo ética y que arremete y contraviene preceptos mínimos del periodismo.
¿Habrá sido esta la única ocasión que Televisa hace esto? Creo que no.
Y si hoy muchos se desgañitan señalando la falta de probidad de nuestros impartidores de justicia y de nuestros cuerpos policiacos, poniendo en duda su credibilidad y lamentándose por la confianza ciudadana en ellos depositada ¿qué procede con la credibilidad de Televisa?
Por lo menos también debería estar en entredicho. ¿O no?
luisbenitez22@hotmail.com
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lunes, 23 de marzo de 2009
Saldos del “tellezgate”
José Luis Benítez Armas
Como hemos venido diciendo en última semanas lo que está sucediendo en muchos de los medios de comunicación mexicanos es que nos estamos contagiando del síndrome “ventaneando” para realizar la labor informativa.
Y agrego. En el caso del periodismo político, se está cayendo en un pragmatismo más cercano al maquiavélico “fin justifica los medios”, que a la verdadera misión de hacer investigación periodística.
Es decir, en el caso de las intervenciones telefónicas del secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, eso se demuestra palmariamente. La visión periodística que defiende la idea de publicar y dar a conocer cualquier documento que involucren a personajes públicos, ya que gracias a ellos podemos enterarnos de cosas que de otra manera no podríamos saber y que influyen en la vida pública del país, sin importarnos el método o la manera en que el material se consigue, lo que están diciendo es que el “fin justifica los medios”.
Es decir, la noble búsqueda de la “verdad informativa” justifica las maneras o los medios con los que podemos llegar a hacernos de tal o cual información.
Yo creo que no.
Porque así las cosas, pronto tendremos a sagaces informadores trepados en techos penetrando sigilosos ventanas de oficinas públicas, despachos privados, viviendas de personajes connotados, en los que se sospecha que hay o puede haber prueba de una mala manera de ejercer el servicio público.
(Hace un par de años un “sagaz” periodista poblano de “vanguardia”, justificaba el comentar al detalle las andanzas amorosos de un ex edil de Puebla, señalando que seguramente “pagaba el motel” donde cometía sus “pecados”, con dinero público. ¡Háganme el favor!)
Sin tener que dar cuentas a autoridad ninguna, sólo apoyado en la noble búsqueda de la “verdad informativa”, tendremos que aplaudir a fotógrafos o camarógrafos de prensa que estén agazapados –cual hábiles paparazzo- en jardines y patios traseros de los más diversos inmuebles, buscando la escena comprometedora que destapa tal o cual cloaca gubernamental.
Y ya entrados en gastos, las cámaras y grabadoras escondidas, serán la herramienta lógica de todos los informadores que se encuentren a la caza de la exclusiva.
Sólo falta que en esta línea se justifique lo que hace algunos años hizo Televisa -según confesión posterior de un camarógrafo- en un programa seudoinformativo (del tipo de “Ciudad Desnuda”) que duró un tiempo en la pantalla chica, en donde se actuaban las escenas de asalto y de violencia que se ofrecían en las pantallas como reales, justificando su comportamiento con el argumento de que así no se arriesgaban los informadores y que si bien estas “noticias” eran actuadas, estaban basadas en hechos y situaciones reales.
No hay ningún código de ética periodística serio, ni ningún especialista en deontología informativa que justifique de ninguna manera que en su quehacer informativo, un periodista tenga que violentar la ley para hacer su labor.
Es claro que en sociedades bajo regímenes totalitarios o renuentes a aceptar la libertad de prensa o cerrados a la transparencia a la que deberían estar obligados, un medio tenga que valorar y asumir la responsabilidad de publicar o dar a conocer tal o cual información aunque se obtenga con métodos cuestionables. Pero sería una excepción, en una situación social de excepción.
No es ni de lejos el caso del México de hoy, donde la filtración, la utilización de grabaciones de conversaciones privadas, de fotos obtenidas de manera ilegal, de documentos anónimos o intromisiones en general a la vida privada de las personas, ya se está volviendo el método de trabajo del “periodismo de vanguardia”.
luisbenitez22@hotmail.com
Como hemos venido diciendo en última semanas lo que está sucediendo en muchos de los medios de comunicación mexicanos es que nos estamos contagiando del síndrome “ventaneando” para realizar la labor informativa.
Y agrego. En el caso del periodismo político, se está cayendo en un pragmatismo más cercano al maquiavélico “fin justifica los medios”, que a la verdadera misión de hacer investigación periodística.
Es decir, en el caso de las intervenciones telefónicas del secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, eso se demuestra palmariamente. La visión periodística que defiende la idea de publicar y dar a conocer cualquier documento que involucren a personajes públicos, ya que gracias a ellos podemos enterarnos de cosas que de otra manera no podríamos saber y que influyen en la vida pública del país, sin importarnos el método o la manera en que el material se consigue, lo que están diciendo es que el “fin justifica los medios”.
Es decir, la noble búsqueda de la “verdad informativa” justifica las maneras o los medios con los que podemos llegar a hacernos de tal o cual información.
Yo creo que no.
Porque así las cosas, pronto tendremos a sagaces informadores trepados en techos penetrando sigilosos ventanas de oficinas públicas, despachos privados, viviendas de personajes connotados, en los que se sospecha que hay o puede haber prueba de una mala manera de ejercer el servicio público.
(Hace un par de años un “sagaz” periodista poblano de “vanguardia”, justificaba el comentar al detalle las andanzas amorosos de un ex edil de Puebla, señalando que seguramente “pagaba el motel” donde cometía sus “pecados”, con dinero público. ¡Háganme el favor!)
Sin tener que dar cuentas a autoridad ninguna, sólo apoyado en la noble búsqueda de la “verdad informativa”, tendremos que aplaudir a fotógrafos o camarógrafos de prensa que estén agazapados –cual hábiles paparazzo- en jardines y patios traseros de los más diversos inmuebles, buscando la escena comprometedora que destapa tal o cual cloaca gubernamental.
Y ya entrados en gastos, las cámaras y grabadoras escondidas, serán la herramienta lógica de todos los informadores que se encuentren a la caza de la exclusiva.
Sólo falta que en esta línea se justifique lo que hace algunos años hizo Televisa -según confesión posterior de un camarógrafo- en un programa seudoinformativo (del tipo de “Ciudad Desnuda”) que duró un tiempo en la pantalla chica, en donde se actuaban las escenas de asalto y de violencia que se ofrecían en las pantallas como reales, justificando su comportamiento con el argumento de que así no se arriesgaban los informadores y que si bien estas “noticias” eran actuadas, estaban basadas en hechos y situaciones reales.
No hay ningún código de ética periodística serio, ni ningún especialista en deontología informativa que justifique de ninguna manera que en su quehacer informativo, un periodista tenga que violentar la ley para hacer su labor.
Es claro que en sociedades bajo regímenes totalitarios o renuentes a aceptar la libertad de prensa o cerrados a la transparencia a la que deberían estar obligados, un medio tenga que valorar y asumir la responsabilidad de publicar o dar a conocer tal o cual información aunque se obtenga con métodos cuestionables. Pero sería una excepción, en una situación social de excepción.
No es ni de lejos el caso del México de hoy, donde la filtración, la utilización de grabaciones de conversaciones privadas, de fotos obtenidas de manera ilegal, de documentos anónimos o intromisiones en general a la vida privada de las personas, ya se está volviendo el método de trabajo del “periodismo de vanguardia”.
luisbenitez22@hotmail.com
Campañas en tv
José Luis Benítez Armas
Otra prueba de la inoperancia real del marco jurídico electoral en materia informativa que diseñó nuestro poder legislativo para las contiendas del 2009, es la clara campaña política que dos funcionarios públicos tienen en la televisión mexicana a nivel nacional desde hace tiempo.
Uno es el priista Enrique Peña Nieto, quien tiene un claro trato privilegiado de parte de los noticieros en la pantalla chica, especialmente de Televisa, con quien ya hasta vínculos sentimentales tendría (Angélica Rivero, bella estrella del “canal de las estrellas”, es al parecer la novia oficial del ahora viudo mandatario mexiquense).
Su presencia en la pantalla chica ha sido profusa y constante. Opina de todo o casi todo y no hay tema que pudiera ser de primeras planas en las que el mandatario mexiquense no salga a cuadro: desde el combate a la delincuencia organizada, la crisis del empleo o hasta el triunfo del Toluca en el torneo de apertura del futbol mexicano, en donde fue mostrado en el estadio, en los entrenamientos y en el festejo.
El otro y más reciente, es el perredista y connotado “lopezobradorista”, Marcelo Ebrard Casaubón, quien también por quítame estas pajas o a la menor provocación, aparece en los noticieros televisivos inaugurando, apoyando, conversando y hasta cocinando en cualquier horario televisivo.
Así inaugure el adoquín de un callejón o pidiendo al gobierno federal le permitan vigilar el aeropuerto de la ciudad de México (no puede vigilar eficazmente afuera de la terminal aérea, ¡y ya quiere estar adentro!), el ex priista aparece de manera constante en este medio masivo de comunicación.
Estos dos personajes cuyas ambiciones políticas los proyecta por necesidad nivel nacional, tienen réplicas locales en prácticamente todo el país. Y de todos los partidos políticos. Gobernadores, diputados, ediles, senadores y demás personajes “expuestos políticamente”, están haciendo su luchita por permanecer en los medios, buscando su crecimiento político.
Si bien no se puede comprobar esto de manera documental, es claro que hay un “convenio” o un “trato” informal de parte de estos políticos con otros tantos medios de comunicación para estar presente “más tiempo de lo normal y noticioso” en los informativos de la televisión mexicana.
De hecho no se le puede reprochar al dueño de un medio de comunicación que tenga preferencias o inclinaciones por uno u otro candidato o partido político. Está en su derecho. Pero deberían aceptarlo sin ambages ni vergüenzas.
Pero están mal, si creen que la audiencia no se da cuenta de esto. La gente que ve noticieros en televisión –si no toda, si mucha de ella- percibe que en los informativos hay dados cargados, hay preferencias. Y también se da cuenta que hay fobias (como la campaña que TV Azteca tiene armada contra Santiago Creel desde hace años).
El tema es que por más que los legisladores traten de mantener “bajo control”, la agenda informativa, es claro que en un sistema democrático, con respeto al derecho a la libertad de prensa y de expresión, es difícil poner cotos o controles al trabajo periodístico-informativo.
Y menos en nuestro país, donde luego de décadas de silencio forzado y de simulación democrática, que se vivió bajo un régimen que impuso la mordaza y la intolerancia como método de control del periodismo, apenas estamos –especialmente en la televisión- viviendo tiempos de apertura y pluralidad.
Ahora que los partidos ya se aprobaron los 3 mil 600 millones de pesos para las campañas de este año (esto sin contar la publicidad soterrada arriba mencionada y los recursos que se destinen a nivel de los estados), va a empezar el caos legal.
¿Quién se va a dedicar a calificar las campañas cuando sean negativos o positivas? ¿Cómo se le va a obstruir el derecho a los partidos de presumir los logros de los gobernantes surgidos de sus filas?
Y una vez que se presenten estos casos, los tribunales electorales se verán rebasados para atender acusaciones de un lado y del otro. Lejos de tener unos procesos electorales de mayor nivel y civilizadas, me temo que tendremos más de lo mismo. O peor.
luisbenitez22@hotmail.com
Otra prueba de la inoperancia real del marco jurídico electoral en materia informativa que diseñó nuestro poder legislativo para las contiendas del 2009, es la clara campaña política que dos funcionarios públicos tienen en la televisión mexicana a nivel nacional desde hace tiempo.
Uno es el priista Enrique Peña Nieto, quien tiene un claro trato privilegiado de parte de los noticieros en la pantalla chica, especialmente de Televisa, con quien ya hasta vínculos sentimentales tendría (Angélica Rivero, bella estrella del “canal de las estrellas”, es al parecer la novia oficial del ahora viudo mandatario mexiquense).
Su presencia en la pantalla chica ha sido profusa y constante. Opina de todo o casi todo y no hay tema que pudiera ser de primeras planas en las que el mandatario mexiquense no salga a cuadro: desde el combate a la delincuencia organizada, la crisis del empleo o hasta el triunfo del Toluca en el torneo de apertura del futbol mexicano, en donde fue mostrado en el estadio, en los entrenamientos y en el festejo.
El otro y más reciente, es el perredista y connotado “lopezobradorista”, Marcelo Ebrard Casaubón, quien también por quítame estas pajas o a la menor provocación, aparece en los noticieros televisivos inaugurando, apoyando, conversando y hasta cocinando en cualquier horario televisivo.
Así inaugure el adoquín de un callejón o pidiendo al gobierno federal le permitan vigilar el aeropuerto de la ciudad de México (no puede vigilar eficazmente afuera de la terminal aérea, ¡y ya quiere estar adentro!), el ex priista aparece de manera constante en este medio masivo de comunicación.
Estos dos personajes cuyas ambiciones políticas los proyecta por necesidad nivel nacional, tienen réplicas locales en prácticamente todo el país. Y de todos los partidos políticos. Gobernadores, diputados, ediles, senadores y demás personajes “expuestos políticamente”, están haciendo su luchita por permanecer en los medios, buscando su crecimiento político.
Si bien no se puede comprobar esto de manera documental, es claro que hay un “convenio” o un “trato” informal de parte de estos políticos con otros tantos medios de comunicación para estar presente “más tiempo de lo normal y noticioso” en los informativos de la televisión mexicana.
De hecho no se le puede reprochar al dueño de un medio de comunicación que tenga preferencias o inclinaciones por uno u otro candidato o partido político. Está en su derecho. Pero deberían aceptarlo sin ambages ni vergüenzas.
Pero están mal, si creen que la audiencia no se da cuenta de esto. La gente que ve noticieros en televisión –si no toda, si mucha de ella- percibe que en los informativos hay dados cargados, hay preferencias. Y también se da cuenta que hay fobias (como la campaña que TV Azteca tiene armada contra Santiago Creel desde hace años).
El tema es que por más que los legisladores traten de mantener “bajo control”, la agenda informativa, es claro que en un sistema democrático, con respeto al derecho a la libertad de prensa y de expresión, es difícil poner cotos o controles al trabajo periodístico-informativo.
Y menos en nuestro país, donde luego de décadas de silencio forzado y de simulación democrática, que se vivió bajo un régimen que impuso la mordaza y la intolerancia como método de control del periodismo, apenas estamos –especialmente en la televisión- viviendo tiempos de apertura y pluralidad.
Ahora que los partidos ya se aprobaron los 3 mil 600 millones de pesos para las campañas de este año (esto sin contar la publicidad soterrada arriba mencionada y los recursos que se destinen a nivel de los estados), va a empezar el caos legal.
¿Quién se va a dedicar a calificar las campañas cuando sean negativos o positivas? ¿Cómo se le va a obstruir el derecho a los partidos de presumir los logros de los gobernantes surgidos de sus filas?
Y una vez que se presenten estos casos, los tribunales electorales se verán rebasados para atender acusaciones de un lado y del otro. Lejos de tener unos procesos electorales de mayor nivel y civilizadas, me temo que tendremos más de lo mismo. O peor.
luisbenitez22@hotmail.com
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