Noticias sangrientas

José Luis Benítez Armas

Otro episodio informativo con un ingrediente sangriento en el que los medios de comunicación participan de manera indirecta como factores activos, se dio en la semana que concluye.

El obispo de Durango, Héctor González Martínez, en una declaración banquetera y ligera --más propia de un dicho de sobremesa en alguna comida familiar--, señaló que todo mundo en esa entidad sabía de la ubicación exacta del perseguido capo de la droga, Joaquín “Chapo” Guzmán.

Esta noticia fue retomada y destacada a nivel nacional en todos los medios de comunicación. La declaración estridente ocasionó la obvia lluvia de repercusiones de parte de diversos actores políticos, que en diverso tono le exigían al prelado duranguense, presentar denuncia si de verdad tiene datos exactos, como lo señaló en su declaración.

Como era de esperarse, González Martínez se desdijo y después de pensarla bien se declaró “sordo y mudo” al día siguiente.

En ese intervalo de tiempo se dio un lamentable hecho sangriento. Dos militares que según la versión oficial hacían labores de inteligencia, fueron cruelmente asesinados precisamente en la zona donde el obispo católico había señalado que se encontraba el capo sinaloense.

No se puede negar la relación que debe haber entre estos dos hechos: la declaración ligera del obispo de Durango y el homicidio de los tenientes del ejército mexicano.

Al día siguiente el influyente diario nacional de clara tendencia lopezobradorista, “La Jornada”, encabezó su edición destacando de este lamentable hecho el mensaje encontrado en los cadáveres de los militares: “ni gobierno ni sacerdote pueden con el Chapo”, encabezando su edición con esta declaración y dando por hecho que la banda del Chapo fue la autora de la ejecución de los dos militares.

(Esta última deducción periodística de parte de “La Jornada”, es muy atrevida ya que bien pudo haber sido un grupo delincuencial enemigo del Chapo quien ultimó a los militares con el fin de marcar y “calentar” la zona en donde parece que se mueve el más buscado de los capos de las mafias mexicanas.)

Sin duda hay un grado de irresponsabilidad del prelado norteño, al hacer esa declaración a los medios y no hacerlo de manera discreta a las autoridades, si es que de verdad quiere ayudarlas a combatir al crimen organizado.

Otro grado de irresponsabilidad la hay también en “La Jornada” que en su afán opositor y crítico, no repara en que con estos encabezados y con esa interpretación de las noticias, le puede estar dando voz y le sirve a los fines del crimen organizado.

Entre la libertad de expresión, la búsqueda de la transparencia gubernamental, la responsabilidad social que se debe tener al informar y la desconfianza que muchos partidos y militantes de oposición, junto con algunos medios de comunicación, le tienen a las autoridades que luchan contra el crimen organizado, se hace que la agenda informativa nacional sea constantemente influida por los intereses que más le convienen a los grupos delincuenciales.

El combate al crimen organizado es responsabilidad de toda la sociedad, no solo del gobierno federal, en este debe participar todos los niveles de gobierno, las instituciones sociales como la iglesia católica y las empresas informativas como los medios de comunicación.

Aunque desconfiemos de nuestras instituciones de gobierno, de nuestra democracia, de nuestros políticos y nuestros partidos, es claro que un avance en la presencia social del crimen organizado o de su influencia a través de los medios de comunicación nos afecta a todos, claro está, incluidos la iglesia católica y los medios de comunicación, que tenemos de cierto que el crimen organizado es enemigo de todas las libertades y los derechos humanos, entre ellos el de la libertad de conciencia y el de información.