Elecciones aquí y allá

El próximo 7 de junio, se realizarán los comicios para elegir a los 785 integrantes del Parlamento Europeo, conformado por 27 países del viejo continente.

La proeza de integración que Europa está construyendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, es un fenómeno admirable e histórico. Quién iba a decir que después de los horrendos enfrentamientos entre alemanes contra franceses e ingleses en la primera mitad del siglo pasado, se iba a establecer una alianza que les daría no sólo una unión política estratégica, sino una integración económica que ha permitido que Europa se convierta sin duda, en la vanguardia de la civilización en términos de educación, política, cultura y salud.

Con sus reveses y sus conflictos, la Unión Europea –y su parlamento- ha posibilitado que países como España que hasta los años setenta vivía una pedestre dictadura y una economía rezagada, hoy se convierta - con todo y su desempleo con la crisis global que se vive- en un país con uno de los mejores niveles del mundo.

España hasta la primera mitad del siglo XX tenía un serio problema como expulsor de migrantes durante siglos. Hoy su problema es tener en sus litorales y su frontera con África, a miles de personas que quieren entrar a Europa por su territorio.

Bueno, pues España, hoy integrante de esa sociedad civilizada y de leyes, tiene para el próximo 7 de junio las elecciones de sus integrantes al Parlamento Europeo (50 diputados españoles, mientras Alemania tiene 99, Francia 72, Reino Unido 72 y los que tienen menos representantes son Malta con 5 y Luxemburgo con 6).

La expectativa de participación de los electores ibéricos es en el mejor de los casos del 45% (en las pasadas elecciones parlamentarias europeas de 2004, participaron el 45.7%).

Los más pesimistas prevén una participación de apenas el 39% o menos.

Y si bien claman los partidos políticos españoles porque haya más participación en estos comicios, dada la importancia histórica que implica para el viejo continente la noción europeísta, esta baja participación ciudadana no causa visiones catastrofistas ni desánimo entre los políticos españoles.
En contraste, en México, la predecible escasa participación ciudadana en las próximas elecciones de diputados federales, origina percepciones desastrosas y pesimistas de la democracia mexicana, da material a analistas y periodistas para menospreciar a los partidos y a la incipiente democracia mexicana.

En México es un hecho que debemos esperar una participación ciudadana de alrededor del 40%, más o menos.

Y no debemos espantarnos por ello, dada la compleja y mala legislación electoral con la que hoy contamos y la decadente credibilidad de nuestras instituciones electorales, y dado el hartazgo ciudadano ante tanta miseria intelectual en las campañas políticas que hoy sufrimos.

(Miseria a la que por cierto, mucho ayudan la mayoría los medios de comunicación, impresos y electrónicos, con su obsesivo gusto por el escándalo, la estridencia y por el “periodismo fontanero” que hoy domina la escena nacional, antes que a la información seria y analítica).

Por ello también se me hace un exceso autoritario que en el Instituto Estatal Electoral de Puebla, se empiece a gestar una campaña para multar y penar a Gabriel Hinojosa Rivero (ex edil de la capital poblana por el PAN y que hoy no milita en ningún partido reconocido) y al movimiento que encabeza llamado Gobierno Segunda Generación (G2G) por su campaña “Tache a todos”, que lanzó hace ya unos meses en el que llama a que la ciudadanía acuda a las urnas pero para anular su voto.

Esa idea de votar forzosamente por una de las opciones que nos ofrece la política mexicana actual se me hace autoritario y antidemocrático.

Y querer castigar a Hinojosa y a su movimiento por buscar externar a través de las urnas –aunque sea anulando el voto-, el descontento real de muchos ciudadanos hacía los partidos políticos mexicanos y de alguna manera hacia lo que en materia política se ofrece en los medios de comunicación del país, es doblemente autoritario y lo que hace es castigar una protesta civilizada, provocando que movimientos futuros de descontento se expresen por rutas fuera de las legalidad (paros carreteros, interrupción de vialidades, cierre de oficinas, marchas callejeras, etcétera), ya que esas maneras son menos penados y por desgracia más eficaces para llamar la atención y reivindicar derechos.