Las manifestaciones y protestas

En la semana que concluye se dio un fuerte enfrentamiento en la ciudad de Puebla, entre los participantes de una marcha de protesta (integrada por maestros disidentes del SNTE, habitantes de Azumiatla, Atzalan, miembros del Suntuap, ambulantes de la 28 de octubre, entre otros) con fuerzas de la seguridad pública del estado.

Un hecho de estas características ya tenía tiempo que no se presentaba en la capital poblana, pero no porque no haya marchas o protestas de grupos u organizaciones políticas y ciudadanas (de hecho hay un plantón de Antorcha Campesina desde hace un mes frente a la sede del Gobierno del Estado, que interrumpe la vialidad de una importante avenida poblana), sino porque por lo regular, la fuerza pública no actúa y permite que estas marchas transcurran sin problema alguna, a pesar de que causan grandes perjuicios a muchos ciudadanos inocentes que se ven afectados por estas protestas ciudadanas.

Este es un buen pretexto para reflexionar sobre la pertinencia de regular y normar las protestas callejeras de grupos políticos y/o ciudadanos.

De ninguna manera se trata de impedir o acallar las inconformidades –cualesquiera que sean- de estos grupos, se trata de que se apeguen a algunas normas mínimas que canalicen sus protestas hacía las instancias pertinentes, que perturben y sacudan a los verdaderos destinatarios de su reclamo (dependencias y funcionarios públicos), pero que no dañen la vida cotidiana de los ciudadanos comunes y corrientes que requieren hacer su vida normal, y que con estas protestas sufre retrasos, molestias e incluso agresiones de parte de muchos de los protestantes –no todos, claro-, que ven de manera injusta a inermes ciudadanos, como potenciales enemigos.

Tampoco se trata de poner en tela de juicio las razones o causas de sus molestias.

Difícil sería calcular el daño económico que estas expresiones causan a la sociedad, pero estoy seguro de que es cuantioso lo que se pierde cada que hay –que es muy seguido, por cierto-, cierres de calles, bloqueos de dependencias, interrupciones de tráfico en carreteras o autopistas, y demás expresiones de descontento que día a día se ven no sólo en Puebla, sino en todo el país.

Y es que en México es de los pocos lugares en que suelen pasar situaciones como estas. Estoy seguro que si uno quiere cerrar una vialidad en cualquier ciudad de EU, de España, de Cuba, de Corea, de China y no digamos de cualquier ciudad europea, simplemente la fuerza pública actuaría de manera inmediata para no permitirlo por ningún motivo.

Para nuestra sociedad mexicana y especialmente para muchos medios de comunicación y quienes trabajamos en ellos, es políticamente incorrecto pensar siquiera en buscar reglamentar las manifestaciones. Sobre todo si estas son expresiones de gente humilde o campesina, cuya causa es justa o se aprecia justa, de antemano (aunque a veces no lo sean tanto y sean reflejo más bien de la manipulación de dirigentes que defienden intereses personales o de pequeños grupos).

Esto conlleva al mismo tiempo una actitud censora en automático, del actuar de los cuerpos policiacos.

Es decir, que grupos ciudadanos interrumpan la circulación de calles, que agredan a personas (sean funcionarios, periodistas o simples transeúntes) no es tan mal visto, es hasta normal.

Pero que policías actúen contra estos manifestantes, que los obliguen a no perturbar a otros ciudadanos y que en esta acción, utilicen la violencia física para someterlos, es visto con desconfianza y hasta con reprobación por muchos trabajadores de los medios de comunicación y mucho de la llamada “opinión publica”.

Yo creo que es momento de analizar y reglamentar estas expresiones de descontento.
La justeza de sus causas y la legitimidad de sus luchas deben ser tema de abierto debate en los medios de comunicación, en las instancias gubernamentales, en los tribunales y eventualmente en las campañas políticas.

Pero no en las calles ni en las carreteras. Se trata de irnos civilizando.

No faltará el que diga que el primero que debe actuar de manera civilizada es el gobierno y sus instancias. Estoy de acuerdo, pero creo que también los ciudadanos y sus organizaciones deben respetar a la comunidad y no tomarla como rehén para conseguir sus objetivos por muy nobles, históricos y legítimos que sean.


luisbenitez.blogspot.com